Antonio Pasquali denuncia “la devastación chavista” en transporte y comunicaciones

Antonio Pasquali.

Víctor Manuel Álvarez Riccio

Caracas, 10 de diciembre de 2017

@AlvarezRiccio
Colegio Nacional de Periodistas N° 22.781

Actualmente en Venezuela, reparar o sustituir un equipo telefónico, informático o un automóvil son necesidades cuya satisfacción resulta inaccesible para muchos. A finales de noviembre un reportaje[i] periodístico informó que un teléfono inteligente de baja gama o “económico” podría costarle a alguien que perciba salario mínimo, al menos, dos años de trabajo. Asimismo, los precios y la escasez de cauchos, baterías y otras partes para vehículos privados y públicos “inmovilizan a los venezolanos”[ii], advirtió otra publicación.

Cada vez más incomunicados y aislados: así ve Antonio Pasquali, filósofo e investigador, a los venezolanos. A las circunstancias económicas difíciles para la adquisición y mantenimiento de equipos ya descritas se suman, a juicio del académico, la decadencia de los sistemas que sostienen, en el país, la comunicación vial, ferroviaria, acuática, aérea, postal, impresa, telefónica, radioeléctrica y electrónica en general.

El viernes 1ero de diciembre, Antonio Pasquali, fundador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO) en 1974, presentó su último libro: La devastación chavista. Transporte y comunicaciones, publicado con la participación de El Nacional y ABediciones. El autor, que se dio a conocer en Latinoamérica con su obra Comunicación y cultura de masas (1963), habló de su más reciente título en el marco de la II Feria del Libro del Oeste de Caracas, en un acto realizado en el Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello.

Acerca del surgimiento de este libro, Pasquali relató que, en 2009, el presidente Hugo Chávez sacó el decreto 6.649, el cual prohibía el uso de internet en la administración pública por considerarlo un gasto suntuario. Expresó el escritor: “Esto ilustra perfectamente bien la imbecilidad de las dictaduras, el carácter regresivo que siempre tienen, el tenerle miedo al progreso. Nosotros en 2009 tuvimos un Presidente de la República que prohibió el uso de internet en la administración pública. Eso hay que recordarlo, yo me propuse recordárselo al país de alguna manera (…). Se me ocurrió que podía incluir este episodio en un libro un poco más extenso donde figurara entre los procesos de devastación practicados por el régimen chavista en todo el ámbito de transporte y comunicaciones”.

Más allá de sencillamente inventariar para generaciones posteriores los problemas y crisis de diversos sectores, el trabajo de Antonio Pasquali tiene un sentido rebelde y contestatario, orientado a concientizar sobre la importancia de la libre y efectiva comunicación. El intelectual explica en su prólogo: comunicar es socializar, convivir y construir con el otro; por lo tanto, incomunicar, manipular la comunicación y obstruirla tiene consecuencias deshumanizantes.

“Así, modos del comunicar y formas del convivir son interdependientes; una comunicación autoritaria, up-down, genera sociedades sumisas, una comunicación bidireccional y dialogal, sociedades abiertas y democráticas. Intervenciones en códigos, canales, contenidos, soportes, emisores y destinatarios del libre comunicar, cuando no legitimadas y consensuadas por democrático convenio, siempre generan control, manipulación, avasallamiento, persuasión, intoxicación o esclavitud”, manifiesta Pasquali en las primeras páginas.

La intención declarada del texto es advertir que cualquier crisis en comunicaciones y transporte es sistémica y no puntual, afecta “todos los compartimientos del humano quehacer, pueden acelerar o lentificar su devenir, hacerlo rentable o improductivo, ganador o perdedor”. Los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro han producido “graves daños” a los sistemas de transporte y comunicaciones que inducen y refuerzan un “grave retorno al subdesarrollo”.

Datos de transporte y comunicación

Con nueve capítulos a lo largo de 108 páginas está presentado el libro La devastación chavista. Transporte y comunicaciones. Cada capítulo sintetiza informaciones, datos históricos y cifras que sirven para reflejar la evolución y el estado actual de distintos sectores analizados por el autor.

Del transporte terrestre destaca que, antes del chavismo, la democracia abrió 71.200 km de carreteras y que, desde 1999, el gobierno solo ha inaugurado 4.500 km. Alerta que, para 2017, el parque vehicular nacional es de los más vetustos y peligrosos del continente, después de Cuba y Haití, y que además se ha reducido de 5,3 millones de unidades a 4,1 millones, “un caso probablemente único en el mundo”. El mal estado de las vías y señales, junto a un parque automotor decadente, es la causa de que Venezuela figure entre los países con mayores índices de muertos en carretera — 4to lugar mundial —, dice Pasquali.

El gobierno de Chávez, recuerda el investigador, planteó un “faraónico plan ferroviario de 300 millardos de dólares, 13.600 km de vías y delirantes previsiones de 6,5 millones de pasajeros-día” en 2006. De aquel programa, se instalaron 2.000 km de vías inconexas, de las cuales la mayoría quedó en el abandono por las deudas acumuladas con los contratistas. “El Plan 2006 está cadáver”, sentencia.

 

Las informaciones sobre el transporte acuático son desalentadoras: Venezuela no cuenta con una marina mercante, “nada ingresa hoy al país en barco nacional”; la conflictividad política ahuyenta la navegación turística; PDV Marina cuenta con 17 tanqueros activos y 10 de ellos han sido retenidos en puertos extranjeros por no poder pagar la obligatoria limpieza; PDVSA se ve en la necesidad de alquilar hasta 75 tanqueros que generan gastos de 5 millardos de dólares anuales.

En el cuarto capítulo, el ensayista describe el sector aéreo venezolano: 63 naves activas con más de 20 años de uso, sobreexplotadas; 55 naves en tierra “canibalizadas por falta de repuestos”; disminución de más de 65% de pasajeros nacionales y casi 30% de internacionales; compañías extranjeras han retirado a Venezuela de sus itinerarios porque el “Estado les debe 3.900 millones de dólares”.

La prensa ha crecido en la región latinoamericana salvo en Venezuela. Durante el siglo XX, el país llegó a contar con más de 200 títulos, 2,7 millones de ejemplares y 61 diarios de provincia; en el siglo XXI, “por acoso judicial y administrativo del régimen” el número de diarios se redujo a 105, de los cuales 35, al menos, son progubernamentales. Por otra parte, Pasquali refiere que 55 periódicos han sucumbido temporal o definitivamente ante la distribución arbitraria de papel que decide un monopolio oficial.

“Lo prudente es considerar que ya no disponemos de servicios públicos postales, casi enteramente privatizados, paradójicamente, por el chavismo”, advierte Pasquali. Acerca del servicio de correos público que por ley debe garantizar el Estado venezolano (Ipostel), el libro señala el colapso del sistema: hay 329 oficinas en el país, 11 sedes para cada millón de venezolanos. Muchos ciudadanos han tenido que recurrir a servicios privados para hacer sus envíos.

En la telefonía móvil, se percibe la caída en la calidad del servicio de la CANTV luego de que, nacionalizada por Hugo Chávez, cobrara “tarifas populistas” — 50 bolívares paga, en promedio, una familia en 2017 por el servicio —. Esta situación ha llevado a la imposibilidad de importar repuestos o invertir en tecnología, y al endeudamiento de la compañía por 5 millardos de dólares.

“Radio y TV, líderes de opinión, conforman el capítulo más turbulento y golpeado de las relaciones medios-poder chavista”, afirma el experto. Hugo Chávez, durante sus catorce años de gobierno, encadenó los medios radioeléctricos 2.334 veces y habló, con esas transmisiones obligadas, al país durante 243.404 minutos en total —“a razón de 48 min 10 seg diarios”—. Mantuvo el gobierno de Chávez una actitud agresiva contra los medios que llevó al siguiente saldo: 50 emisoras clausuradas; una relación, en radio, de 333 a 17 a favor del gobierno; en televisión, “60 oficialistas, 32 en autocensura y 1 disidente”.

Venezuela, en cuanto a la penetración de internet, está en el puesto 77 de 208 países, 10% por encima del promedio latinoamericano, pues la densidad nacional de internautas se ubica entre 57 y 63% de la población. No obstante, “controles políticos e institucionales, malas administraciones, desinversiones, imposición de tarifas populistas, inflación y control de cambios, cesación de pagos, impedimentos a la repatriación de capitales, peculados, robos de cable y equipos” han estancado a Venezuela con una velocidad de internet de 1,4 Mb/seg en promedio, la más lenta del continente, sin que exista la posibilidad por parte de entidades públicas y privadas de invertir en tecnologías, hardware y repuestos para mejorar esta situación.

Más restricciones comunicacionales

Las inquietudes de Antonio Pasquali se unen a otras voces que, en Venezuela y el exterior, han criticado el menoscabo de los derechos comunicacionales de los venezolanos. El 8 de noviembre fue publicada la llamada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que había sido discutida y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano considerado ilegítimo por la oposición venezolana, por la mayoría de los países del continente americano y por la Unión Europea.

Esta normativa redactada por la ANC amenaza con 20 años de prisión a quienes difundan, por cualquier medio, mensajes que supuestamente promuevan el odio. De acuerdo con organizaciones venezolanas que defienden la libertad de expresión como el Instituto de Prensa y Sociedad[iii] y Espacio Público[iv], la intención del gobierno es incentivar la autocensura de los medios y ciudadanos por igual, para así reducir las protestas y manifestaciones adversas a la gestión oficial.

La organización Medianálisis[v] presentó, el pasado 4 de octubre, los resultados de una investigación llevada a cabo a nivel nacional en la cual 368 periodistas fueron encuestados: 76 de medios impresos, 71 de televisoras, 137 de radios y 84 de medios digitales. El estudio descubrió que 50,3% de la muestra había recibido alguna agresión o amenaza por su trabajo; a 31,4% le ordenaron modificar un contenido antes de su publicación; por otra parte, 27,7% de los sujetos reconoció que se autocensuró para evitar demandas, ataques o no afectar los intereses de los propietarios del medio. Los voceros de Medianálisis interpretaron estos resultados como la consecuencia de un entorno legal y político hostil en Venezuela para el oficio periodístico.

La ONG internacional Freedom House[vi], que estudia y valora a las naciones de acuerdo a índices de libertad y el respeto a los derechos civiles, en 2017 cambió la clasificación de Venezuela de país “parcialmente libre” a “no libre”, debido a la usurpación de poderes legislativos de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo al servicio del Poder Ejecutivo. En cuanto a la libertad de comunicación y de la prensa, Freedom House recuerda que desde 2004, con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, el gobierno ha castigado con multas, confiscación de equipos y hasta cierres a los medios de comunicación críticos. Asimismo, la ONG ha reprochado las prácticas ilegales llevadas a cabo por el gobierno chavista como la grabación y publicación de llamadas telefónicas de líderes opositores.


[i] Seijas Meneses, Carlos. El Nacional. Para comprar un celular inteligente hay que trabajar entre 2 y 12 años. 29 de noviembre de 2017. http://www.el-nacional.com/noticias/economia/para-comprar-celular-inteligente-hay-que-trabajar-entre-anos_213383

[ii] Abadí, Aliana. El Universal. Escasez de repuestos e inflación limitan movilización de venezolanos. 10 de noviembre de 2017. http://www.eluniversal.com/noticias/economia/escasez-repuestos-inflacion-limitan-movilizacion-venezolanos_677139

[iii] Balbi, Marianela. Ipys Venezuela. La ley contra el odio busca acabar con los vestigios de democracia en Venezuela. 21 de noviembre de 2017. http://ipysvenezuela.org/2017/11/21/la-ley-odio-busca-acabar-los-vestigios-democracia-venezuela/

[iv] Espacio Público. “Ley contra el odio” en Venezuela amenaza la libre expresión en América Latina. 17 de noviembre. http://espaciopublico.ong/ley-odio-venezuela-amenaza-la-libre-expresion-america-latina/

[v] Álvarez Riccio, Víctor Manuel. Revista SIC. Bajos salarios, censura y poca preparación afectan al gremio periodístico en Venezuela. 12 de octubre de 2017. http://revistasic.gumilla.org/2017/bajos-salarios-censura-y-poca-preparacion-afectan-al-gremio-periodistico-en-venezuela/

[vi] Freedom House. Venezuela profile. 2017. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/venezuela

 

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