CARACAS – “Estados Unidos condena la convocatoria de juicios de la oposición política por parte de la ilegítima Asamblea Constituyente de Venezuela, incluidos los miembros de la legislatura democráticamente elegida, por cargos de traición y supuesta participación en la crisis económica de Venezuela. La situación económica de Venezuela es el resultado de las políticas equivocadas y la corrupción del régimen de Maduro, que tiene responsabilidad directa por el sufrimiento del pueblo venezolano”, se establece en un comunicado del Departamento de Estado de los EEUU, liberado por el despacho de su portavoz, Heather Nauert, bajo el sugerente título de “Criminalización del Disenso en Venezuela”.
Desde su esquina, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, salió al paso a este comunicado de Nauert, espetando que “rechazamos las impertinentes y desaforadas declaraciones de la vocera del Departamento de Estado de EEUU Heather Nauert, que se inmiscuye en asuntos de Venezuela”.
El viernes pasado, el gobierno del republicado Donald Trump emitió una serie de sanciones de corte económico en contra de Miraflores, concretamente prohibiendo “las negociaciones de deuda nueva y capital por el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal”, Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa).
Lo anterior ha sido leído por los oficialistas como una jugada de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), a la cual acusan sistemáticamente de ser servil ante los EEUU, y que manifestó su respaldo mediante un comunicado a las medidas referidas.
En fecha reciente, el segundo de a bordo en el chavismo, Diosdado Cabello, anunció en cadena nacional de radio y TV, que se abrirá un juicio por traición a la patria en contra del diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (AN) –cabe acotar que el parlamento está técnicamente pulverizado-, y también de su primer vicepresidente, diputado Freddy Guevara.
Al respecto, el comunicado de la portavoz expresa que “esta injusticia es solo la más reciente de un esfuerzo sostenido del régimen de Maduro para debilitar la democracia, reprimir la disidencia política y sembrar el temor entre sus críticos. Representa otra ruptura en el orden constitucional de Venezuela y desafía el hecho de que en las democracias, las ideas y las opiniones no son delitos”, se lee en el despacho del Departamento de Estado.
Delcy Rodríguez aseveró que el “bloqueo financiero impuesto por Gobierno estadounidense, atendiendo pedido de la oposición venezolana, es contra todo el pueblo de Venezuela”.
