Reflexionar sobre el referendo y las libertades ciudadanas

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Si queremos intentar entender la encrucijada venezolana en los momentos actuales tenemos que admitir ciertas limitaciones: nuestras lecturas de los fenómenos están restringidas al marco interpretativo que utilizamos y es un acto de buena fe manifestar cuál es para abrir la discusión constructiva con otros observadores de la complejidad social. En esta oportunidad, deseamos reflexionar acerca del referendo revocatorio promovido por la oposición política al gobierno de Maduro.

¿Qué enfoque se propone para el análisis? El de la investigación de la comunicación. La sociedad se constituye con su práctica comunicacional porque a través de ella los hombres desarrollan sus reglas, discuten y cambian los valores, construyen los relatos que legitiman el poder o que lo debilitan, emprenden la transformación del entorno material, y se organizan para lograr distintos fines.

Debido a estas claves de lectura, se entiende que la comunicación libre, plural, de servicio público y diversa es necesaria para el desarrollo de sociedades con mayores libertades y, por otro lado, se recuerda que cuando se habla de ejemplos históricos de gobiernos dictatoriales o totalitarios sale a relucir el control que intentaron mantener desde el poder central de las comunicaciones.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, manifiesta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (http://www.un.org/es/documents/udhr/). Atención, esto también lo señaló explícitamente el constituyente de 1999 en Venezuela, a pesar de que hoy en día el cumplimiento de ese derecho esté puesto en duda en nuestro país: “la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley”, apunta el artículo 58 de la Carta Magna.

Si bien estas son obligaciones que el Estado venezolano se ha comprometido a cumplir, proteger y promover, es notable que tales máximas no parecen relevantes para quienes tienen cargos de gobierno. “La prioridad no es hacer elecciones. La prioridad en Venezuela es recuperar la economía, atender al pueblo, seguir desarrollando la educación, la vivienda. No estar haciendo elecciones”, así expresó el presidente Nicolás Maduro el 5 de octubre. ¿Qué está detrás de estas declaraciones? Admitir que existe una crisis porque se debe “recuperar la economía” pero se niega la consulta a la ciudadanía a través del método más general de toma de decisión política: el sufragio. De tal modo, el gobernante presume que la población desea que la actual administración solucione los problemas del país, sin embargo, la elección más reciente, el 6 de diciembre de 2015, mostró lo contrario. Esta negativa del gobierno sucede cuando varias encuestas afirman que la mayoría de los venezolanos desea que se realice la consulta política para cambiar la dirección del país. ¿Acaso el presidente Maduro considera que los venezolanos no son conscientes y que se “equivocarán” al elegir en este momento de crisis? Podría decirse eso si se recuerda que el pasado 6 de diciembre, cuando la mayoría de la población votó por una Asamblea Nacional opositora, el presidente Maduro argumentó que eso ocurrió porque la población fue engañada y no supo discernir, a pesar de que organizaciones como el Instituto de Prensa y Sociedad denunciaron que el gobierno contó con mucha más propaganda para sus candidatos, es decir, sus mensajes fueron más difundidos (http://ipysvenezuela.org/2015/12/15/el-desequilibrio-informativo-caracterizo-el-proceso-electoral/).

Los principios democráticos elevan a los hombres, los colocan como constructores de su sociedad, y les dan derechos como el de la libertad de comunicarse y organizarse para cambiar sus vidas, independientemente de las ideas que cada uno defienda. Importante: el derecho a la propia comunicación no significa que se pueda censurar o acallar a otros. Valoramos que el gobierno reste prioridad a su obligación constitucional de llamar a elecciones regionales y a realizar el referendo revocatorio como una manera de impedir la manifestación ciudadana y, por lo tanto, eso significa un deterioro de los principios democráticos.

Las elecciones no son una mera formalidad y su prioridad siempre es elevada, son un espacio importantísimo de comunicación de la diversidad social y una de las oportunidades más significativas que tienen los grupos humanos organizados de redefinirse y cambiarse discutiendo acerca del bien común. Justamente, en medio de una crisis tan complicada como la actual, que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir entre varias hojas de ruta favorece la construcción de consensos para la solución de los problemas. Bloquear las elecciones y sustituirlas por mecanismos de “consulta” tutelados por el poder central profundizará la falta de consensos reales que en el futuro podría pasar factura.

Víctor Manuel Álvarez Riccio
Caracas, 9 de octubre de 2016
@AlvarezRiccio
Colegio Nacional de Periodistas N° 22.781