Cofavic, la organización en pro de los Derechos Humanos, en rueda de prensa, manifestó su gran preocupación por la acción en el país de los llamados «grupos parapoliciales», y el incremento de crímenes de desapariciones forzosas. La directora del Comité de familiares y víctimas de febrero de 1989, Liliana Ortega, presentó un balance de la organización no gubernamental sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, señalando que el problema más grave tiene que ver con las violaciones al derecho a la vida y las ejecuciones extrapoliciales. Destacó que tienen conocimiento de 103 casos, «teniendo contacto con las víctimas directamente», de los cuales 58 han sido presentados a instancias internas. En su informe, Cofavic resalta el acoso policial, pues según las investigaciones «un número importante de personas afectadas por grupos parapoliciales fueron víctimas de acoso policial antes que se produjera su muerte». Indica que «en ese contexto», se ha registrado un incremento de las desapariciones forzadas. Para la directora de Cofavic las irregularidades, vacíos y los controles difusos de los registros policiales, son el punto de partida para que ese tipo de delito se multiplique. Por otro lado, Ortega elogió la voluntad que ha tenido la Asamblea Nacional para investigar las denuncias realizadas en el estado Guárico, aunque subrayó que también es necesario investigar en otras entidades. Según Liliana Ortega, los casos de ajusticiamientos parapoliciales están ligados a la «situación de impunidad generalizada que caracteriza la administración de justicia» en el país. Indicó que después de 16 años del “Caracazo”, el Estado demostró el año pasado que «no tiene mecanismos democráticos» para el control del orden público, y que «se siguen cometiendo abusos de manera reiterada» por parte de las autoridades al someter a las personas que participan en actividades de protestas callejeras. Resaltó que más del 80 por ciento de los casos de derechos humanos en el país no llegan a los tribunales y sólo el 27 por ciento logra llegar a la fase de juicio. A lo que se agrega que «sólo un 3 por ciento de las denuncias de derechos humanos, tienen sentencia, apenas en primera instancia».
Ortega expresó su preocupación por la reforma parcial al código penal, que presenta conceptos «sumamente vagos y difusos» con relación al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, lo que podría generar «perjuicios» para el funcionamiento de las organizaciones civiles en Venezuela.
Asimismo, advirtió de la aparición de propuestas legislativas que pretenden «criminalizar la recepción de fondos internacionales para la cooperación», cuando «más del 99 por ciento de los fondos que usan las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo provienen de la cooperación internacional».
Enfatizó también que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el país se han politizado en los últimos años, lo que ha afectado negativamente la lucha por esta materia en Venezuela.
